El Partido Popular instará al Gobierno de España a dotar a las explotaciones de patata de suficientes materias activas para combatir las plagas y enfermedades presentes en el cultivo, con el objetivo de asegurar su calidad y su rentabilidad.
Con ese compromiso se cerraba la reunión mantenida en sede parlamentaria, este miércoles, por representantes de la Asociación de Pueblos Productores de Patata y diferentes entidades con el portavoz popular en materia de Agricultura, el gaditano Pedro Gallardo.
En la reunión han participado presidente de la Asociación de Pueblos Productores de Patata, Amador Díaz, y su secretario, Máximo Gómez; el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla), Carlos Palomar; el presidente de la Asociación Española de Patata de Siembra, Andrés Lecuona, la directora técnica de Garlan, Nerea Múgica; la presidenta de la Asociación Agro La Granja, Sonia Rodríguez, y el director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste.
Por parte de la federación de productores y exportadores FEPEX participaban su director, Ignacio Antequera; el consejero José María Pozancos; presidente de la sectorial de patata, Alfonso Sáenz de Cámara y Luis Martín, responsable de su departamento técnico.
“Tratamos de hacer llegar a la administración la importancia de la patata como un cultivo sostenible en lo económico, en lo social y en lo medioambiental para nuestros pueblos”, explicaba Díaz en a su salida de la reunión. Los Pueblos Productores de Patata aúnan el 40% de la superficie nacional de patata, unas 25.000 hectáreas.
España dedicó el año pasado 60.800 hectáreas a este tubérculo y las primeras cifras publicadas apuntan a que este año aumentará la superficie de un cultivo “esencial para miles de explotaciones”, además de constituir “una seña de identidad” para numerosos territorios especialmente identificados con él.
Pedro Gallardo ha avanzado la presentación de una Proposición No de Ley para dar la vuelta a una situación “profundamente injusta”, en la que los agricultores españoles “padecen la competencia desleal desde países miembros de la UE”.
Este diputado por Cádiz ha peleado desde su escaño por el mantenimiento de productos autorizados y también por conseguir una política más flexible respecto a las ‘excepcionalidades’ para autorizar puntualmente materias activas eliminadas del catálogo europeo.
“No entendemos el freno permanente del Gobierno de España para afrontar situaciones excepcionales porque necesitamos producir, y los productos existentes no funcionan”, lamenta. De hecho, la flexibilidad de España es “mucho menor” que la de otros países de nuestro entorno, a pesar de contar con una agricultura mucho más compleja.
Gallardo es autor de un estudio comparativo entre las excepciones autorizadas en los diferentes países de la UE, donde España queda en último lugar. “Son datos reveladores”, recalca, puesto que en el periodo comprendido entre 2020 y 2023 Francia aprobó una media de 87 usos excepcionales e Italia 85, en contraste con el caso español, donde solo se autorizaron 31.
